Anuncian paro nacional contra el gobierno de Abelardo De la Espriella
Más de 1.500 delegados de centrales obreras, sindicatos del magisterio, organizaciones campesinas, comunidades étnicas y movimientos políticos acordaron convocar a un paro nacional frente a las medidas anunciadas y adoptadas por el presidente Abelardo De la Espriella. La jornada central de protestas fue proyectada para comenzar entre el 11 y el 20 de noviembre de 2026, lo que representa la primera convocatoria de movilización generalizada que enfrenta la actual administración, a un mes de haber asumido el mandato.
La resolución se adoptó al cierre del Encuentro Nacional por la Defensa de la Vida, la Dignidad, la Democracia, la Paz, la Soberanía y las Reformas Sociales, celebrado los días 11 y 12 de septiembre. El pronunciamiento cuenta con el respaldo directo de organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Coordinadora Departamental y Popular (CDP), la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales y el Pacto Histórico.
El calendario de movilizaciones previas
La declaración política suscrita por las delegaciones no plantea el paro de noviembre como una acción aislada, sino como la conclusión de una agenda escalonada de protestas territoriales y sectoriales durante las próximas semanas:
- 10 de octubre: Jornada de movilización orientada a la solidaridad internacional con Palestina y rechazo a la política exterior del Gobierno nacional.
- 14 de octubre: Jornada de movilización nacional preventiva y de agitación en las principales ciudades, como ensayo logístico hacia el paro de noviembre.
- 16 de noviembre: Actos conmemorativos por los 40 años de fundación de la CUT.
- 20 de noviembre: Segunda fecha tentativa analizada para el inicio del cese nacional de actividades.
- 24 de noviembre: Conmemoración de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas Farc.
- 25 de noviembre: Movilizaciones en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
- Finales de noviembre: Realización del Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos.
Seguridad, paz y política de drogas: los puntos de mayor fricción
Uno de los ejes centrales del desacuerdo radica en la doctrina de seguridad y orden público implementada por la Casa de Nariño. Los sectores sociales cuestionan la suspensión definitiva de las mesas de diálogo y cese al fuego con grupos armados ilegales, alertando que la ruptura de estos acercamientos expone a los liderazgos comunitarios y a las autoridades locales en las zonas de mayor conflicto.
Asimismo, el documento manifiesta rechazo frente a la iniciativa gubernamental de estructurar los denominados “Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana”, la flexibilización en los permisos de porte de armas de fuego y la discusión en torno a la pena de muerte. Para las centrales obreras, la creación de redes urbanas de vigilancia armada evoca los riesgos de las cooperativas Convivir —organizaciones de seguridad privada y comunitaria promovidas en la década de 1990 que terminaron cooptadas por estructuras paramilitares en múltiples departamentos del país—.
En materia antinarcóticos y ambiental, los delegados rechazaron la reactivación de la aspersión aérea para erradicar cultivos de uso ilícito y la apertura hacia proyectos de fracturación hidráulica (fracking). Sobre este aspecto, la discusión coincide con la fase experimental notificada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional en Putumayo mediante el uso de glufosinato de amonio —un compuesto químico herbicida alternativo al glifosato que destruye la vegetación mediante contacto foliar y cuya aplicación desde avionetas continúa bajo escrutinio técnico, ambiental y judicial por mandato de la Corte Constitucional—.
Deuda pública, ajuste y “rescate fiscal”
El frente económico constituye el segundo pilar de la convocatoria. Las organizaciones expresaron reparos al proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 y al paquete legislativo denominado de “rescate fiscal”, impulsado por el Ministerio de Hacienda con base en lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Presupuesto General de la Nación es el cálculo legal de cuánto dinero necesita el Estado cada año para funcionar, pagar deudas e invertir en obras sociales. Cuando los impuestos ordinarios no alcanzan a cubrir esos gastos, el Gobierno recurre al endeudamiento público, contratando créditos con la banca nacional o extranjera. La declaración sindical advierte que el proyecto oficial contempla una contratación de deuda cercana a los $239 billones para 2027, lo cual, a juicio de los convocantes, derivará en recortes del gasto social, congelamiento de nóminas públicas y un posterior incremento de impuestos sobre los asalariados para cumplir con las cuotas de pago a los acreedores internacionales.
De igual manera, el documento cuestiona el esquema de atención adoptado tras el terremoto del pasado 10 de agosto, señalando que la reconstrucción de infraestructura mediante el mecanismo de Obras por Impuestos beneficia prioritariamente a los grandes conglomerados económicos. Este instrumento tributario permite que empresas privadas destinen hasta el 50% de su impuesto sobre la renta a financiar y ejecutar obras directamente en municipios priorizados, en lugar de consignar esos recursos en las arcas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Los sectores convocantes sostienen que este modelo debilita la inversión pública directa y otorga ventajas fiscales a consorcios privados en detrimento de la contratación estatal comunitaria.
Reformas sociales, privatizaciones y educación
En el terreno laboral y social, los sindicatos denunciaron el desmonte de las reformas promovidas en el cuatrienio anterior. Reclaman la defensa del salario mínimo, el régimen laboral de recargos nocturnos y dominicales, la estabilidad de los trabajadores del sector público frente a despidos por reestructuración de dependencias estatales y el sostenimiento del sistema pensional público.
En cuanto a servicios públicos y activos estratégicos, la declaración advierte sobre presuntas intenciones de privatización o venta de participaciones estatales en empresas como Ecopetrol y su filial de transporte Cenit, además del Grupo Bicentenario y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) mediante esquemas de concesión carcelaria privada.
Por su parte, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) fijó su postura frente a las directrices pedagógicas y presupuestales de la actual cartera de Educación, señalando que defenderá la gratuidad universitaria alcanzada a través de la matrícula cero, los recursos del Sistema General de Participaciones para escuelas rurales y urbanas, y la estabilidad del magisterio público frente a reformas que buscan evaluar o condicionar el escalafón docente.
Relaciones internacionales y defensa del campesinado
El documento dedica un apartado a la orientación de la política exterior del Gobierno, cuestionando el alineamiento estricto con la estrategia de seguridad de Estados Unidos y el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas con el Estado de Israel, al tiempo que ratifica la solidaridad de los movimientos sociales colombianos con el pueblo palestino.
Por último, el encuentro enfatizó la defensa formal de la condición del campesinado como sujeto especial de derechos y garante de la soberanía alimentaria, rechazando cualquier modificación institucional o normativa que reste visibilidad a las comunidades rurales en la asignación de tierras, distritos de riego y créditos agropecuarios.
Con la declaración firmada, los comités departamentales de paro y las organizaciones territoriales iniciarán reuniones de base para definir si el cese de actividades arrancará formalmente el miércoles 11 o el viernes 20 de noviembre, así como los corredores viales, terminales de transporte y sedes institucionales donde se concentrarán las marchas en las principales regiones del país.
