Peor que el glifosato: el peligroso químico con el que el Gobierno reactivará la fumigación aérea en Colombia
Apenas un mes después de su llegada a la Casa de Nariño, la administración del presidente Abelardo De la Espriella dio luz verde a la reactivación de las aspersiones aéreas sobre cultivos de hoja de coca en Colombia. La decisión quedó en firme mediante la Resolución 7 de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), que ordenó iniciar un plan piloto de fumigación en el departamento del Putumayo con dos aeronaves AT-802 de fabricación estadounidense. Sin embargo, el centro de la controversia no es únicamente el retorno de los aviones a la selva, sino la sustancia elegida: el Ejecutivo no usará el histórico glifosato, sino glufosinato de amonio, un herbicida con un nivel de toxicidad aguda considerablemente mayor que ha encendido las alarmas del sector médico y el rechazo unánime de las comunidades del sur del país.
La iniciativa, coordinada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional bajo la llamada Estrategia Esmeralda Plus, se planteó como una fase de prueba de carácter experimental, controlada y limitada a un máximo de 1.000 hectáreas durante siete días de operaciones (entre el 12 y el 17 de septiembre). De acuerdo con la postura gubernamental, el objetivo radica en generar insumos técnicos y científicos para evaluar si la aspersión aérea con este químico resulta viable a escala nacional, luego de que el mandatario derogara el pasado 28 de agosto la resolución que desde 2015 frenaba los vuelos con glifosato.
Glufosinato de amonio: Clase II de la OMS y riesgos neurológicos directos
La sustitución del compuesto químico provocó una reacción inmediata entre especialistas en salud pública y toxicología. Mientras el glifosato está catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Clase III (ligeramente peligroso), el glufosinato de amonio sube a la Clase II (moderadamente peligroso), lo que en términos médicos se traduce en una capacidad destructiva inmediata muy superior frente al contacto con la piel, los ojos o la inhalación directa de sus vapores.
Los médicos alertan que, a diferencia de otras sustancias agrícolas, el glufosinato actúa como un disruptor del sistema nervioso central al bloquear neurotransmisores fundamentales. La exposición a las nubes de aspersión —las cuales se dispersan de forma incontrolable en zonas selváticas debido a las corrientes de viento y la deriva aérea— puede detonar emergencias agudas en los labriegos: desde quemaduras químicas en tejidos externos e inflamación severa de las vías respiratorias hasta temblores, pérdida de orientación y convulsiones. En el mediano plazo, la literatura toxicológica internacional advierte sobre sospechas fundadas de afectaciones a la fertilidad y anomalías graves en el desarrollo fetal durante periodos de gestación.
A la amenaza sanitaria se suma un evidente vacío de regulación ambiental. Aunque la Policía aseguró que los polígonos de vuelo excluirán fuentes hídricas, reservas naturales y territorios colectivos de resguardos indígenas o comunidades afrodescendientes, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) solo ha avalado el uso de glufosinato para erradicación terrestre desde 2016. Su aplicación pulverizada desde avionetas en un ecosistema interconectado como la Amazonía carece hasta la fecha de un Plan de Manejo Ambiental formalmente aprobado que garantice la contención del químico.
Putumayo rechaza el piloto: «No somos un laboratorio»
La confirmación del inicio de las operaciones desató una ola de rechazo social e institucional en todo el Putumayo. La Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), la Asamblea Departamental, las juntas de acción comunal del municipio de Orito y los tres representantes a la Cámara por la región —incluidos los legisladores que integran la coalición de gobierno— rechazaron de plano la medida.
Las asociaciones campesinas recordaron que la región ha diversificado su economía en los últimos años mediante proyectos productivos legales como café, cacao, pimienta y asaí, los cuales quedarían expuestos a la deriva de los venenos lanzados desde el aire. Líderes del departamento cuestionaron además que el Estado responda con aspersión aérea forzosa tras años de incumplimientos sistemáticos en la entrega de tierras, proyectos de sustitución voluntaria como el PNIS y obras de infraestructura vial para sacar sus cosechas lícitas al mercado.
Frente a la inminencia de los sobrevuelos, comunidades campesinas e indígenas convocaron a una asamblea regional extraordinaria este sábado 12 de septiembre en la Plaza de Ferias de Puerto Asís, donde evaluarán medidas de hecho y acciones de tutela para frenar el despliegue de las aeronaves.
La paradoja de las hectáreas y la resiembra
El afán de la Casa de Nariño por activar la vía aérea responde a la presión de los registros de la ONU (SIMCI), que ubicaron el área sembrada con coca en un máximo histórico de 261.000 hectáreas para 2024, sumado a un desplome del 54 % en la erradicación manual durante ese mismo año.
No obstante, expertos en política de drogas señalan que retomar la fumigación aérea es una fórmula desgastada y contraproducente. La aspersión no desarticula las redes de comercialización internacional ni toca las finanzas de los carteles; por el contrario, desplaza los cultivos hacia zonas de reserva forestal aún más profundas y castiga al eslabón más vulnerable de la cadena: los cultivadores rurales, abriendo un nuevo ciclo de conflictividad social y ambiental en el sur del país.
