“Incluso en la guerra hay límites”: Defensora del Pueblo cuestiona al presidente De La Espriella tras caminar entre cuerpos en Guaviare
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió un contundente pronunciamiento frente a la conducta institucional y comunicativa del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, tras el desarrollo de la denominada Operación Azarías en zona rural del departamento del Guaviare. La titular del organismo humanitario cuestionó que el mandatario haya caminado entre los restos mortales embalados de presuntos combatientes y le recordó al Gobierno Nacional que el Estado no puede convertir los resultados de la fuerza letal en demostraciones de poder.
De acuerdo con el balance entregado por las Fuerzas Militares, la acción ofensiva contra estructuras vinculadas a alias ‘Iván Mordisco’ habría derivado en la muerte de 23 presuntos disidentes. No obstante, informes periciales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses revelaron posteriormente que dos de las personas fallecidas durante la incursión militar eran menores de edad.
“El Estado no puede competir en crueldad”
Durante su declaración, Marín Ortiz formuló duros reparos al manejo público de los resultados militares y señaló que, aunque Colombia acumula décadas de conflicto, no existían antecedentes cercanos de un jefe de Estado transitando con tono de victoria en medio de personas fallecidas tras un combate.
“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o quién convierte la muerte en demostración de poder”, aseveró la defensora del Pueblo, al tiempo que remarcó que las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) exigen un trato digno a los cuerpos, aun en el marco de la confrontación armada.
Respeto a las operaciones legítimas bajo el marco del DIH
La jefa del Ministerio Público precisó que su llamado de atención no desconoce la legitimidad constitucional que tienen las Fuerzas Militares para neutralizar a organizaciones al margen de la ley responsables de graves vulneraciones a los derechos humanos. Sin embargo, enfatizó en que la privación de la vida en operaciones estatales no puede tornarse arbitraria ni perder de vista los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad.
El pronunciamiento abrió un nuevo frente de debate en el país sobre los protocolos de comunicación oficial frente a las operaciones de seguridad, mientras el Gobierno De La Espriella mantiene intensificadas las acciones operativas en el suroriente colombiano para contener el accionar de los grupos armados residuales.
Redacción Nacional
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