Milei privatiza el agua de la capital argentina tras alzas del 538 % en las tarifas
El Gobierno de Javier Milei concretó un paso decisivo dentro de su programa de reformas estructurales al transferir a manos privadas el 90 % de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal responsable de prestar los servicios de acueducto y alcantarillado a 14 millones de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. La adjudicación quedó formalizada a favor de un consorcio empresarial liderado por la firma local Rowing S.A., tras presentar una oferta económica de 340,2 millones de dólares, según los registros divulgados por el Ministerio de Economía de la Nación.
La oferta ganadora superó los 285 millones de dólares presentados por el grupo Roggio, el otro competidor en la puja licitatoria. Sin embargo, la recaudación fiscal se ubicó significativamente por debajo de los 450 a 500 millones de dólares que el Palacio de Hacienda esperaba percibir al iniciar el proceso. La transacción devuelve la administración de la red sanitaria a operadores particulares dos décadas después de su reestatización en 2006, fijando un periodo de concesión exclusiva por 30 años, con posibilidad de prórroga por diez años adicionales.
El costo social del saneamiento previo: tarifazos y retiros voluntarios
La venta de la compañía llega tras un severo proceso de ajuste en sus cuentas operativas que recayó directamente sobre los usuarios y los trabajadores. Desde el inicio de la administración libertaria, las tarifas domiciliarias y comerciales del servicio de agua registraron un incremento acumulado del 538 % entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, producto del desmonte sostenido de subsidios estatales para mejorar el flujo de caja de la entidad frente a los oferentes privados.
A este incremento tarifario se sumó la desvinculación de aproximadamente 1.200 trabajadores de la planta de personal de AySA mediante esquemas de retiro voluntario y reestructuración interna. El Ejecutivo justificó estas medidas señalando que la empresa había recibido transferencias del Tesoro Nacional por más de 13.400 millones de dólares entre 2006 y 2023 para cubrir déficits operativos y que registraba un índice de agua no contabilizada del 42 % atribuible a fugas en tuberías matrices.
Los nuevos dueños del agua y el “rey del cloro”
El grupo inversor adjudicatario está encabezado por Rowing S.A., compañía de ingeniería y obras civiles fundada por Walter Román que ya se desempeñaba como contratista habitual de tendido de redes de la empresa estatal.
La alianza empresarial incluye a Transclor, corporación propiedad de Mauricio Filiberti, conocido en el sector como el «rey del cloro» debido a su hegemonía en el mercado de químicos para potabilización de agua en Argentina y su participación accionaria en distribuidoras energéticas como Edenor. El consorcio se complementa con la operadora brasileña Arcos Saneamento e Participações y el fondo de inversión neerlandés PHX Aqua AR BV. El 10 % restante de las acciones de AySA continuará bajo custodia de los empleados mediante el Programa de Propiedad Participada (PPP).
El vacío contractual en la ampliación de cobertura
Pese a que el Gobierno argumentó que el nuevo operador asumirá compromisos de inversión técnica por más de 2.000 millones de dólares en sus primeros cinco años, el contrato de concesión no fijó metas vinculantes de ampliación de cobertura para ese periodo inicial.
En la actualidad, la red de agua potable alcanza al 75 % de los residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que la red de cloacas cubre únicamente al 63 %, lo que mantiene a millones de habitantes de asentamientos periféricos sin saneamiento básico. Las metas obligatorias de expansión se establecieron recién para el cierre de los 30 años de concesión, exigiendo llegar al 90 % en agua potable y al 75 % en desagües cloacales, postergando la universalización del servicio por varias décadas.
El antecedente de los años 90 y los juicios en el CIADI
La privatización de AySA reedita el debate histórico sobre las concesiones de servicios esenciales en Argentina. En 1993, durante la administración de Carlos Menem, el acueducto capitalino fue entregado al consorcio Aguas Argentinas, controlado por la multinacional francesa Suez. En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato tras acusar a la concesionaria de frenar inversiones, alterar tarifas y suministrar agua con altos niveles de nitratos en sectores populares.
Aquella salida derivó en un extenso litigio arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que concluyó con indemnizaciones millonarias que le costaron al Estado argentino más de 384 millones de dólares.
Con el traspaso formalizado por el gabinete de Milei, el servicio básico de 14 millones de habitantes vuelve a estar regido por la rentabilidad corporativa privada, abriendo una etapa de tres décadas donde el foco ciudadano estará puesto en la evolución de las tarifas mensuales y el cumplimiento de las obras de mantenimiento prometidas.
Redacción Internacional
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