Se disparan los asesinatos contra líderes sociales y firmantes de paz: agosto marcó el pico de violencia de 2026 en pleno inicio de gobierno
El balance de derechos humanos correspondiente a los primeros ocho meses de 2026 dejó en evidencia un recrudecimiento de la violencia armada contra liderazgos comunitarios y excombatientes en Colombia, con un repunte concentrado de forma directa durante agosto, mes en el que asumió el poder el presidente Abelardo De la Espriella. De acuerdo con el informe oficial divulgado por la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de agosto fueron asesinados 112 defensores de derechos humanos en el territorio nacional.
Las estadísticas del organismo estatal revelan que la curva de homicidios se mantuvo constante a lo largo del año con un promedio mensual cercano a los 13 casos, pero experimentó un salto abrupto en agosto al registrarse 22 asesinatos, la cifra mensual más alta de todo el periodo analizado y exactamente el doble de los 11 homicidios documentados en julio. Del total de víctimas confirmadas, 91 correspondían a hombres y 21 a mujeres lideresas pertenecientes a organizaciones comunales, campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Agosto concentró el 50 % de los firmantes de paz asesinados en el año
La vulnerabilidad sobre la población reincorporada tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 mostró un patrón similar. Entre enero y agosto de 2026, diez exintegrantes de las Farc fueron asesinados en seis departamentos del país. No obstante, cinco de esos diez crímenes —el 50 % del consolidado anual— se perpetraron de manera exclusiva durante las cuatro semanas de agosto.
La distribución temporal de los homicidios contra firmantes de paz se concentró en momentos puntuales: tres casos en febrero, uno en marzo, uno en junio y el pico de cinco víctimas mortales en agosto, mientras que en enero, abril, mayo y julio no se reportaron hechos contra esta población. Geográficamente, los diez crímenes tuvieron lugar en Cauca (tres casos), Caquetá (dos), Putumayo (dos), Huila (uno), Valle del Cauca (uno) y Norte de Santander (uno).
86 masacres y concentración en el suroccidente
El reporte institucional expone además el registro de 86 masacres ocurridas en 23 departamentos durante los ocho meses evaluados, con un saldo acumulado de 326 personas fallecidas.
El 40 % de estos episodios de violencia colectiva se concentró en tres departamentos:
- Cauca: 13 masacres y 26 líderes sociales asesinados (la cifra más alta de Colombia en ambos indicadores).
- Antioquia: 12 masacres y 12 homicidios de líderes comunitarios.
- Valle del Cauca: 10 masacres y 14 homicidios de defensores de derechos humanos.
La relación de masacres a nivel mensual mostró su mayor volumen en marzo y abril (con 14 hechos en cada mes), seguidos por enero (13), mayo (10), febrero (nueve), junio (nueve), agosto (nueve) y julio, que con ocho casos marcó la cifra más baja del calendario evaluado.
A nivel histórico, la entidad advirtió que el conteo acumulado de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios asesinados en el país alcanzó los 1.777 casos en la década comprendida entre enero de 2016 y el 31 de agosto de 2026.
El contexto de seguridad y el choque en los territorios
El deterioro de los indicadores humanitarios coincide con la transición gubernamental y el viraje en la doctrina de orden público implementado por la administración de De la Espriella. Tras la posesión presidencial del 7 de agosto, el Ejecutivo dio por canceladas las mesas de negociación y los ceses al fuego bilaterales con estructuras armadas ilegales como el Estado Mayor Central (EMC), la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ordenando una ofensiva militar sostenida en enclaves estratégicos del suroccidente y el Catatumbo.
Organizaciones de derechos humanos y la propia Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, han advertido que el escalamiento de los enfrentamientos armados y la ausencia de mecanismos humanitarios de verificación han dejado desprotegidas a las juntas de acción comunal y a las guardias indígenas en zonas de disputa territorial, donde los grupos ilegales intensifican represalias contra quienes ejercen liderazgos de base.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado urgente a las entidades del Estado para reactivar rutas de protección colectiva efectivas, frenar discursos que estigmaticen la labor comunitaria y garantizar la presencia integral de la institucionalidad civil en los 22 departamentos más afectados por la violencia homicida.
Redacción Nacional
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