Denuncian que militares habrían torturado a una mujer mientras retenían a su familia y asesinaron a un campesino que intentó auxiliarlos en el Meta
Una serie de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario fueron radicadas ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo contra unidades del Ejército Nacional. Los hechos, reportados por la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Guaduales Nueva Esperanza y respaldados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señalan a tropas militares de ingresar de forma violenta a una vivienda rural en La Macarena (Meta), someter a vejámenes y torturas a una mujer campesina frente a sus hijos, retener a su familia y asesinar con disparos de fusil a un vecino desarmado que se acercó al predio para averiguar qué ocurría.
La gravedad de la acusación comunitaria se incrementa debido a que los testigos aseguran que los soldados retiraron el cadáver de la víctima del lugar de los hechos y, hasta el momento, se desconoce su paradero. El episodio movilizó un pronunciamiento formal de la Defensoría del Pueblo exigiendo explicaciones urgentes a los mandos castrenses.
La incursión a la vivienda y las denuncias de tratos degradantes
De acuerdo con el documento formal remitido a las autoridades de control, los hechos comenzaron hacia las 12:30 del mediodía del martes 22 de septiembre de 2026 en una finca de la vereda Guaduales Nueva Esperanza. Soldados que presuntamente pertenecerían a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega —unidad militar desplegada en el suroriente del país para combatir a disidencias armadas— arribaron a la propiedad sin identificarse.
En las inmediaciones de la casa, los uniformados interceptaron a la campesina Yuli Andrea Motta Tovar mientras recogía unos becerros. Según el testimonio consignado por la junta comunal, la mujer fue atada de manos, golpeada y obligada a despojarse de sus prendas de vestir mientras era interrogada bajo amenazas. Al mismo tiempo, otro grupo de soldados ingresó al inmueble y mantuvo retenidos en una habitación a su esposo, Luis Carlos Guerrero Real, y a sus dos hijos menores de edad, situación que la comunidad calificó en su denuncia como una privación ilegal de la libertad de civiles.
El asesinato de Luis Carlos Mojica y la desaparición del cuerpo
Hacia las 3:35 de la tarde, alertado por los movimientos extraños en la propiedad vecina, llegó al lugar Luis Carlos Mojica Guzmán, un campesino de la zona afiliado a la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Cachicamo.
Los testigos presenciales relataron que Mojica Guzmán no portaba armas ni representaba amenaza alguna para el pelotón. Sin embargo, al aproximarse a la vivienda, los militares le dispararon ráfagas de fusil sin mediar palabra, impactándolo mortalmente frente a Luis Carlos Guerrero y a una de sus hijas. El otro menor había logrado salir momentos antes en una bicicleta hacia una finca colindante en busca de auxilio.
La denuncia comunitaria detalla que, tras los disparos, las tropas recogieron el cuerpo de Mojica Guzmán y lo trasladaron con rumbo desconocido. Vecinos que intentaron aproximarse tras escuchar las detonaciones fueron repelidos con ráfagas disuasorias e interceptados en la vía pública por cordones de seguridad militar, donde al menos un campesino fue obligado a tirarse al piso mientras era encañonado con un arma de dotación. Habitantes del sector aseguraron además que se registraron disparos desde un helicóptero militar que sobrevolaba el área para impedir la concentración ciudadana.
Solo al caer la noche la comunidad pudo ingresar a la vivienda, encontrando a la familia en estado de pánico, así como múltiples impactos de proyectil en las paredes y casquillos de munición oficial percutida esparcidos en el suelo.
Defensoría del Pueblo e Indepaz exigen investigación urgente
Ante la gravedad del informe, la Defensoría del Pueblo confirmó que desplazó equipos para verificar la situación y brindar acompañamiento a los afectados, al tiempo que requirió formalmente al Comando General del Ejército y al Ministerio de Defensa un informe detallado sobre la misión táctica.
El organismo humanitario solicitó a la Fiscalía adelantar los actos urgentes con la debida diligencia para esclarecer la muerte reportada, establecer las circunstancias de las agresiones contra la mujer y los menores, y determinar el paradero de los restos mortales. Por su parte, Indepaz demandó la identificación plena de los comandantes a cargo de la operación y exigió medidas cautelares de protección para la familia y los testigos, advirtiendo sobre el riesgo de hostigamientos y estigmatización contra quienes formularon la denuncia.
Fuentes del Ejército Nacional señalaron de forma preliminar que el caso fue puesto en conocimiento de la justicia ordinaria y que será el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía el encargado de realizar los peritajes forenses para determinar las identidades y responsabilidades penales correspondientes.
El tercer operativo militar bajo cuestionamiento en un mes
El episodio en La Macarena se produce en medio de un clima de creciente escrutinio sobre las directrices operacionales de la Fuerza Pública. En las últimas semanas se han presentado otros dos casos que generaron controversia nacional:
- El caso Guachaca (Magdalena): Tras un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) el pasado 21 de septiembre, las autoridades reportaron la muerte del hijo de alias ‘Pinocho’. No obstante, la cartera de Defensa debió rectificar la información luego de que familiares demostraran que uno de los fallecidos era Ricardo Andrés Rodríguez, un obrero agrícola de 18 años ajeno a la organización armada, quien según testigos se entregó desarmado antes de recibir un tiro de gracia.
- La operación contra ‘Bendito Menor’: Persisten cuestionamientos judiciales sobre presuntos excesos en el operativo donde murieron el cabecilla de las ACSN, su pareja y dos acompañantes, debido a la ausencia de marcas de enfrentamiento armado y el retiro de cámaras de seguridad del inmueble.
Con el expediente de La Macarena en manos de la Fiscalía, organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado la exigencia de que los resultados operacionales en zonas de conflicto se enmarquen estrictamente en las garantías constitucionales y el respeto a la población civil no combatiente.
