Se cumplen 53 años del golpe en Chile: la ultraderecha y EE. UU. derrocaron a Allende para imponer una dictadura con más de 40.000 víctimas
El 11 de septiembre de 1973 marcó un quiebre irreversible en la historia contemporánea del continente. Se cumplen 53 años desde que aviones de la Fuerza Aérea chilena abrieron fuego contra el Palacio de La Moneda, consumando el derrocamiento del presidente constitucional Salvador Allende y clausurando la vía democrática que representaba el gobierno de la Unidad Popular.
El asalto militar no fue un episodio espontáneo de confrontación interna: respondió a un engranaje estratégico concertado entre cúpulas castrenses, gremios corporativos locales y la administración de los Estados Unidos. La toma del poder instauró un régimen cívico-militar liderado por Augusto Pinochet que se extendió durante 17 años y convirtió la persecución estatal en política sistemática. Según los informes oficiales de las comisiones Rettig y Valech, el régimen dejó más de 40.000 víctimas acreditadas de violaciones a los derechos humanos —entre ellas 3.216 personas ejecutadas o detenidas desaparecidas y más de 38.200 sobrevivientes de prisión política y tortura—, además de provocar el destierro forzado de cientos de miles de ciudadanos.
La intervención foránea y la asfixia planificada
La victoria electoral de la Unidad Popular en 1970 supuso un desafío a las directrices geopolíticas de Washington en plena Guerra Fría. Las transformaciones de fondo que Allende impulsaba mediante el marco legal —en particular la nacionalización de los yacimientos de cobre sin indemnizaciones extraordinarias, la redistribución de la tierra y la democratización en la gestión de recursos estratégicos— afectaban los intereses de grandes conglomerados extranjeros y monopolios tradicionales.
Archivos diplomáticos y reportes de inteligencia desclasificados por las propias agencias estadounidenses con el paso de los años revelaron el diseño deliberado de desestabilización: la orden expresa de la Casa Blanca de asfixiar financieramente al país, el corte selectivo de créditos internacionales, el financiamiento encubierto a empresas mediáticas como El Mercurio y el soporte operativo a huelgas patronales destinadas a vaciar los mercados y quebrar el abastecimiento civil.
Para quebrar la lealtad de unas Fuerzas Armadas que históricamente se habían mantenido dentro del orden constitucional, la conspiración requirió neutralizar a los mandos apegados a la ley. El asesinato del comandante en jefe René Schneider en 1970 y el homicidio del capitán de navío Arturo Araya en 1973 allanaron el terreno para que figuras como Pinochet, el almirante José Toribio Merino y el general César Mendoza subordinaran los cuarteles a una doctrina foránea de contrainsurgencia.
La resistencia en La Moneda y el mensaje final
En la mañana del 11 de septiembre, con la sede de gobierno cercada por infantería y blindados, Allende rechazó las ofertas golpistas de salvoconducto para abandonar el territorio nacional. Minutos antes de que las bombas de la aviación destruyeran el edificio presidencial y silenciaran la señal de Radio Magallanes, el mandatario se dirigió por última vez a la ciudadanía con un mensaje que fijó su postura frente a la historia:
“Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos (…) Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”.
Allende murió en el palacio defendiendo el mandato popular recibido en las urnas, cerrando una de las experiencias inéditas de transición hacia el socialismo en el marco del Estado de derecho.
Reconfiguración del Estado y concentración de capital
La represión desatada tras la clausura del Congreso y la suspensión de garantías individuales tuvo un correlato económico estructural. Al amparo del estado de excepción y la anulación de los sindicatos, la dictadura sirvió de laboratorio para aplicar las tesis de desregulación radical promovidas por la escuela económica de Chicago.
Bajo este esquema, se ejecutó una privatización masiva de bienes públicos, se mercantilizaron servicios esenciales como la salud y la educación, se entregó la gestión previsional a fondos privados y se concentró el aparato productivo en grupos económicos estrechamente vinculados al régimen. La apertura total del mercado y la garantía de protección a las inversiones foráneas se construyeron sobre el silenciamiento deliberado de las mayorías trabajadoras.
A más de cinco décadas del quiebre institucional, los hechos del 11 de septiembre de 1973 continúan siendo un referente para entender las dinámicas de injerencia regional y la fragilidad democrática frente a los grandes intereses de poder. La memoria de las víctimas y los documentos históricos que probaron la coordinación internacional detrás del golpe evidencian los límites y las tensiones que enfrenta la soberanía de los pueblos cuando desafía el orden económico establecido.
Redacción Internacional
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