De la Espriella firmó polémico decreto que restringe casos de protesta a días de las marchas del 14 de octubre
A escasos días de las jornadas de movilización nacional convocadas para este 14 de octubre, el presidente Abelardo De la Espriella firmó el nuevo decreto que modifica de raíz el marco de actuación de las autoridades frente a las manifestaciones públicas en Colombia. La expedición de la norma, confirmada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo redefine el protocolo de uso de la fuerza policial en momentos en que diversas organizaciones sindicales y movimientos sociales ultiman los preparativos para un paro nacional en noviembre.
El texto gubernamental modifica sustancialmente el Decreto 003 de 2021 —el estatuto garantista expedido tras una orden de tutela de la Corte Suprema de Justicia para regular la intervención policial tras los abusos documentados en protestas anteriores—. La nueva reglamentación delimita de forma estricta el concepto de protesta pacífica, fija causales para declarar agotada la mediación civil e introduce una escala de cinco niveles de respuesta estatal ante alteraciones del orden público.
Intervención sin mediación previa: el punto de mayor controversia
La modificación más cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos faculta a la Fuerza Pública para intervenir de manera directa sin necesidad de agotar previamente las etapas obligatorias de prevención, diálogo y mediación a cargo de gestores de convivencia.
De acuerdo con el articulado, los uniformados podrán actuar de forma inmediata cuando concurran circunstancias que, a juicio de los mandos en terreno, impidan entablar canales de comunicación institucional. Entre estas causales se incluyen la presencia de personas con armas de fuego o blancas, el uso de artefactos incendiarios o explosivos, agresiones físicas contra civiles o integrantes de la fuerza pública, la retención de ciudadanos y los daños a la infraestructura pública o privada.
Críticos de la medida y sectores de oposición han advertido que esta excepción debilita el principio de proporcionalidad y abre la puerta a intervenciones policiales tempranas y desmedidas, al no contemplar mecanismos claros para aislar e individualizar a pequeños grupos que cometan disturbios sin dispersar violentamente al grueso de manifestantes pacíficos.
Fin a los bloqueos de TransMilenio y carreteras
Otro de los pilares del decreto radica en el endurecimiento frente a los cortes de vías. La normativa establece la prohibición expresa de bloqueos prolongados o permanentes en corredores troncales de transporte masivo —como los carriles exclusivos de TransMilenio en Bogotá o sistemas equivalentes en otras capitales— y en la red vial nacional.
El ministro Rodrigo Lara defendió este enfoque bajo la doctrina de los denominados «corredores solidarios», asegurando que el Estado no tolerará la parálisis de los servicios públicos esenciales ni el cierre indefinido de carreteras intermunicipales. Bajo este mandato, la Policía queda habilitada para despejar vías prioritarias si los manifestantes se niegan a habilitar carriles de circulación para ambulancias, transporte de alimentos y movilidad ciudadana.
Alertas tempranas y sospechas sobre inteligencia
El documento oficial contempla además la creación de un sistema de alertas tempranas interinstitucional para anticipar conflictos sociales y monitorear convocatorias de protesta en las regiones.
Aunque el decreto prohíbe de manera expresa la utilización de este mecanismo para adelantar labores de inteligencia, contrainteligencia o perfilamiento por motivos de afiliación sindical o filiación política, plataformas de derechos humanos expresaron inquietud respecto al tratamiento y almacenamiento de la información ciudadana recopilada en los puestos de mando unificado (PMU).
Desde la Casa de Nariño, el Gobierno ha insistido en que el decreto busca armonizar el derecho constitucional a la manifestación con las garantías a la salud, el trabajo y la libre locomoción de la mayoría de los ciudadanos no movilizados. Con la firma presidencial en firme y a solo cuatro días de que las marchas del 14 de octubre salgan a las calles, la nueva normativa se convertirá en una prueba de fuego inmediata para la doctrina de seguridad y contención social de la actual administración.
