Empresa israelí Mekorot estaría detrás de fuentes hídricas del Páramo de Sumapaz
El debate sobre la soberanía de los recursos hídricos en la capital del país escaló al interior del cabildo distrital tras una denuncia que advierte sobre el presunto interés de la compañía estatal israelí Mekorot en incidir sobre la administración y planificación del Páramo de Sumapaz. La alerta fue expuesta en el Concejo de Bogotá por el cabildante José Cuesta Novoa, quien cuestionó la reactivación de convenios de cooperación hídrica internacional bajo la actual administración nacional y su eventual impacto en el sistema de abastecimiento de la ciudad.
El pronunciamiento pone el foco sobre los alcances que tendrían firmas extranjeras en la toma de decisiones sobre ecosistemas estratégicos, en momentos en que la sabana de Bogotá atraviesa episodios recurrentes de estrés hídrico y medidas de racionamiento derivadas de la variabilidad climática.
El antecedente de Río Negro y el modelo de gestión
La preocupación expuesta en el cabildo distrital toma como referencia inmediata lo ocurrido en Argentina. En la provincia patagónica de Río Negro, el gobierno local contrató a Mekorot mediante acuerdos de consultoría iniciados en 2022 para diseñar el denominado Plan Maestro del Sector Hídrico con proyección a 30 años, presentado de manera oficial a finales de 2025.
Dicho instrumento técnico no solo diagnosticó la infraestructura de distribución, sino que definió esquemas tarifarios, valorización del metro cúbico y priorización en la asignación de cuencas entre actividades agroindustriales, mineras y de consumo doméstico. A juicio de los sectores que rechazan esta intervención, trasladar la formulación de planes maestros a firmas foráneas desplaza la autoridad del Estado y subordina el acceso al agua a lógicas de rentabilidad financiera.
A este precedente se suman los informes elaborados por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional respecto a la labor histórica de Mekorot en Medio Oriente. Desde 1967, la empresa administra las redes de extracción en Cisjordania y los Territorios Palestinos Ocupados, donde perfora pozos profundos en acuíferos compartidos. Documentos de Naciones Unidas registran una marcada asimetría en la distribución del recurso: mientras el consumo promedio de las comunidades palestinas ronda los 20 litros diarios por habitante —por debajo del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud—, los asentamientos coloniales israelíes alcanzan suministros cercanos a los 300 litros diarios por persona.
La presencia en Colombia y la relación con la CAR
El vínculo de la estatal de aguas israelí con el territorio colombiano no es nuevo. Desde julio de 2018, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) formalizó acercamientos y mesas de trabajo con delegaciones técnicas de Mekorot para el asesoramiento en gobernanza hídrica, recirculación y monitoreo de aguas subterráneas en la cuenca del río Bogotá.
La reactivación de acuerdos de cooperación bilateral entre Colombia e Israel en materia agropecuaria e hidráulica ha encendido las alarmas de organizaciones campesinas y veedurías ambientales. La discusión se centra en establecer si esta asistencia técnica continuará restringida a consultorías externas o si podría traducirse en concesiones directas sobre la operación, medición y cobro de fuentes de agua dulce en la región central del país.
Sumapaz: reserva estratégica y soberanía pública
El Páramo de Sumapaz comprende más de 300.000 hectáreas distribuidas en 25 municipios entre los departamentos de Cundinamarca, Meta, Huila y el Distrito Capital, consolidándose como el complejo de páramo más extenso del planeta. En el caso de Bogotá, la localidad número 20 (Sumapaz) abarca casi el 50% de la superficie territorial del Distrito, funcionando como una esponja natural que alimenta cuencas indispensables para el consumo humano y la generación de energía en el centro de Colombia.
El cabildo capitalino recordó los precedentes de la década de 1990, cuando corporaciones privadas francesas mostraron intenciones comerciales sobre las cuencas de la región, iniciativas que fueron frenadas por la movilización de las comunidades campesinas locales que exigieron mantener el territorio bajo protección comunitaria y ambiental.
Frente a la vulnerabilidad de los embalses y las proyecciones de sequía en la cordillera Oriental, el Concejo solicitó a la Administración Distrital transparentar qué tipos de contratos o acercamientos existen actualmente con Mekorot u otras transnacionales. Asimismo, se reiteró la exigencia de blindar el patrimonio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para impedir cualquier figura de privatización o delegación de funciones que convierta el agua en un activo de mercado.
