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Van 10 masacres y 16 líderes sociales asesinados en un solo mes del gobierno de De la Espriella

Comunidades campesinas e indígenas cargando el ataúd de un líder social asesinado en zona montañosa
Foto: Alejandro Pérez

El Observatorio de Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) presentó el balance de violencia registrado durante el primer mes de gestión del presidente Abelardo De la Espriella, comprendido entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre de 2026. Según los registros de la entidad, las agresiones contra líderes comunitarios, firmantes del Acuerdo de Paz y la población civil continúan afectando distintas regiones del territorio nacional.

El monitoreo documentó el asesinato de 16 líderes sociales en este periodo: 14 homicidios se perpetraron durante el mes de agosto en 12 municipios de ocho departamentos, mientras que en los primeros días de septiembre se han confirmado dos casos adicionales. A estas cifras se suma la muerte violenta de cinco excombatientes de las extintas FARC y firmantes de paz, todos registrados en agosto en cuatro departamentos.

Panorama de masacres en el inicio de la administración

En materia de homicidios colectivos, Indepaz contabilizó 10 masacres ocurridas en el primer mes de mandato, las cuales dejaron un saldo de 30 víctimas fatales, entre ellas menores de edad. De estos hechos, nueve tuvieron lugar en agosto en ocho municipios de seis departamentos, mientras que en septiembre se reportó una masacre adicional con tres víctimas en el Valle del Cauca.

Desde el observatorio señalaron que detrás de estos registros hay familias y comunidades afectadas por la reconfiguración de los grupos armados ilegales y la disputa de corredores estratégicos. Por esta razón, la organización insistió en que la protección efectiva de la vida en las zonas rurales y suburbanas debe mantenerse como la prioridad central de la política de seguridad del Estado.

El reporte se conoce en momentos en que la administración nacional ratifica una postura de confrontación armada frente a las estructuras ilegales, mientras diversos sectores sociales y comunitarios exigen la articulación de mecanismos urgentes para frenar el impacto del conflicto sobre la población civil.

Redacción Orden Público

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