Denuncian presuntas agresiones de la Policía y el ESMAD a familias, periodistas y defensores de DD.HH. durante desalojo en Medellín
Un operativo masivo de desalojo y demolición ordenado por la alcaldía de Federico Gutiérrez en la comuna Manrique, nororiente de Medellín, terminó en una grave confrontación entre la comunidad y la Fuerza Pública. Lo que la administración distrital presentó como una acción para recuperar terrenos y frenar a los loteadores ilegales, se convirtió en una jornada de gases lacrimógenos, balas de goma, un incendio en la montaña y fuertes denuncias por presuntos abusos de poder contra las familias de la zona, defensores de derechos humanos y periodistas que registraban los hechos.
El despliegue contó con más de 300 policías y agentes del ESMAD. Los uniformados llegaron hasta los barrios Brisas del Jardín y San José de la Cima II, muy cerca de la quebrada La Tebaida. En este punto de la montaña viven cerca de 90 familias que intentaron frenar las demoliciones armando barricadas improvisadas, en medio de la angustia y el desespero por ver caer las casas que levantaron con años de trabajo.
¿Riesgo real o intereses para construir un ecoparque?
El argumento central de la Alcaldía de Medellín para justificar las demoliciones es que las viviendas están en una zona de alto riesgo por deslizamientos de tierra, una alerta que creció luego del desbordamiento de la quebrada La Tebaida el pasado 3 de abril. Además, la administración sostiene que estas laderas son controladas por bandas criminales que estafan a la gente vendiendo lotes ilegales donde no se puede construir.
Sin embargo, los habitantes del sector y los líderes sociales no creen en esa versión y aseguran que detrás de las demoliciones hay otros intereses. Varias personas de la comunidad denunciaron que el verdadero plan del Distrito sería limpiar el terreno para construir un proyecto turístico. “Dicen que esto es alto riesgo de movimiento en masa, pero para hacer el parque no hay movimiento en masa. Para el ecoparque turístico que dicen que van a construir para los gringos, entonces nos van a sacar a nosotros, los colombianos”, reclamó una vecina en medio de las protestas.
La comunidad recuerda que muchas de estas familias llegaron a la zona hace 20 o 30 años, varias de ellas desplazadas por la violencia desde otras regiones o desde otros barrios de la misma ciudad. Con el paso del tiempo, el propio Estado reconoció su presencia, según indican, cobrándoles el impuesto predial, instalando servicios públicos como agua y energía, e incluso haciendo murales y mejoras comunitarias a través de convenios con la Alcaldía. Por eso, los vecinos sienten rabia al ver que el Estado solo sube a la montaña con tanquetas y uniformados para desalojar, pero no apareció con ayudas cuando la quebrada se desbordó en abril y los dejó bajo el lodo.
Subsidios de $600 mil que no alcanzan y la falta de vivienda
La oferta económica que hizo la administración municipal tampoco calmó los ánimos. La Alcaldía les propuso un subsidio de arriendo temporal que rondaría los 600.000 pesos mensuales durante seis meses. Para las familias, esa plata es una burla frente a los precios reales de los arriendos en Medellín, donde la plata no alcanza ni para una pieza pequeña.
Además, la Alcaldía no les reconoce ni les paga las mejoras que le hicieron a las casas durante décadas. Varias madres de familia y personas de la tercera edad denunciaron que uniformados de la Policía llegaron días antes del operativo a tumbar columnas y cimientos sin mostrar una orden de desalojo formal ni documentos judiciales.
El tema también llegó al debate político en la ciudad. El concejal José Marín criticó de frente la medida y aseguró que el Distrito está castigando a la gente por ser pobre en lugar de solucionar el problema de fondo:
“Los problemas de riesgo por la crisis climática siempre afectan a los más pobres con los desalojos. Ante la falta de agua, a la primera zona que le cortan el servicio es a la nororiental, la más pobre de la ciudad. Como usted sabe, señor Federico, en Medellín hay un déficit de 50 mil viviendas. Por una mala planificación alrededor del POT, por una ciudad que no ha sabido desarrollarse y porque la gente ha buscado solución a su vivienda, la propuesta de ahora son los desalojos”.
A esta situación se suma otra denuncia de los líderes comunitarios: tumbar las casas no acaba con el negocio de los loteadores. La comunidad asegura que, como la Policía no se queda cuidando los predios después de sacar a la gente, el terreno vuelve a quedar solo. En poco tiempo, los mismos grupos que manejan la extorsión y el microtráfico en la comuna vuelven a lotear y a revenderle a otras familias necesitadas, repitiendo el problema una y otra vez sin tocar a los verdaderos cabecillas del negocio.
Gases, un incendio en la ladera y ataques a la prensa
La jornada se puso aún más crítica cuando comenzaron los enfrentamientos. Mientras el ESMAD dispersaba a la gente con gases y balas de goma, se desató un incendio en la montaña que consumió gran parte de la vegetación y amenazó con quemar las casas que seguían en pie. Aunque la Alcaldía aseguró que el fuego lo prendieron delincuentes para frenar el operativo, la gente del barrio y los veedores denunciaron que las llamas comenzaron por las granadas lacrimógenas y los artefactos que la misma Policía lanzó hacia la zona boscosa.
La tensión se desbordó cuando integrantes del medio de comunicación y colectivo social Cofradía para el Cambio llegaron a cubrir lo que pasaba en la zona. El congresista Hernán Muriel denunció públicamente a través de sus redes y transmisiones en vivo que la Fuerza Pública agredió a personas de su equipo de trabajo y a defensores de derechos humanos mientras acompañaban a las familias.
En los videos compartidos por el colectivo se observa cómo varios policías rodearon y empujaron a los comunicadores pese a que estaban identificados y grabando a una distancia prudente. La situación terminó con la captura de uno de los integrantes del equipo.
El comunicador detenido denunció que los uniformados lo tiraron al piso, le rompieron la ropa y le apretaron las esposas de forma desmedida, un trato que calificó como tortura y agresión física. Aunque los uniformados dijeron que se lo llevaban a la estación de Manrique para verificar su identidad, el equipo de Cofradía denunció que se trató de una retención ilegal para impedir que siguieran grabando la forma en que sacaban a las familias, a los niños y a las mujeres del barrio.
Organizaciones en alerta
Frente a la gravedad de los hechos, organizaciones sociales como la Cumbre Urbana hicieron un llamado urgente a la Personería de Medellín, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría para que intervengan de inmediato. Las comunidades piden que se investigue el actuar de los policías que estuvieron en el operativo, que se revise de dónde salió el incendio en la montaña y que la Alcaldía entregue soluciones de vivienda reales en vez de desalojos forzados en la comuna nororiental.
