Otro juez se suma y frena bombardeos militares en Guaviare si hay menores reclutados
La estrategia de ofensiva aérea del Gobierno Nacional enfrenta un nuevo escollo en los estrados judiciales. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare ordenó suspender de manera temporal los bombardeos y ataques aéreos de las Fuerzas Militares en ese departamento cuando existan reportes de inteligencia, alertas preventivas o elementos objetivos que adviertan la posible presencia de menores de edad reclutados forzosamente en los campamentos ilegales.
La determinación se suma a una providencia en el mismo sentido adoptada días atrás por un juzgado de Bogotá, consolidando un nuevo frente jurídico frente al uso de la fuerza letal del Estado en zonas de conflicto.
Alcance preventivo de la orden judicial
La decisión judicial se profirió como medida cautelar dentro de una acción de tutela promovida por un ciudadano que actúa en representación de niños, niñas y adolescentes en condición de víctimas de reclutamiento forzado. El recurso fue dirigido contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y los altos mandos castrenses por la presunta vulneración y amenaza de derechos fundamentales.
El togado Jhoan Aguilera Martínez aclaró en el auto que la disposición no constituye una prohibición general ni declara ilícitas las operaciones de la Fuerza Pública. Se trata, por el contrario, de una salvaguarda transitoria y excepcional mientras se debate de fondo la tutela, con el fin de verificar si el Estado cuenta con protocolos rigurosos para evitar pérdidas de vidas entre menores obligados a engrosar las filas de los grupos armados.
Antecedentes que motivaron la restricción
Para sustentar la medida cautelar, el despacho valoró hechos operacionales recientes en la región, entre ellos la Operación Amón, desarrollada a finales de agosto en zona rural de El Retorno contra estructuras de las disidencias de alias ‘Calarcá’, en la cual se confirmó el fallecimiento de tres menores. De acuerdo con el juez, estos antecedentes impiden catalogar como una simple hipótesis el riesgo de que niños y jóvenes reclutados mueran durante ataques contra blancos legítimos.
El juzgado reconoció que los grupos armados al margen de la ley violan de forma reiterada el Derecho Internacional Humanitario al reclutar a menores y que difícilmente acatarán un fallo de tutela; no obstante, subrayó que las autoridades estatales sí están sujetas a los límites constitucionales y a la protección de los derechos fundamentales. Antes de emitir una sentencia definitiva, el tribunal requirió al Ministerio de Defensa y a la cúpula militar detalles precisos sobre cómo se identifican los objetivos y cómo se ponderan las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
